¿Por qué el hashtag #T?

No a las tasas judiciales #T

Desde ContratarAbogados.com reiteramos una vez más nuestra más absoluta oposición a las tasas judiciales implantadas por el Sr. Gallardón, que se está revelando tristemente como uno de los peores Ministros de Justicia imaginables.

En contra de la corriente imperante en países de nuestro entorno jurídico como Francia, donde recientemente han sido eliminadas, el Ministro Gallardón, apoyado por un gobierno insensible en tantas y tantas materias, y entre ellas la justicia, se empecinó en la aprobación de la Ley 10/2012 que establecía entre otros puntos, las tasas judiciales. 

Y decimos bien se empecinó, porque fueron aprobadas en contra de todos los sectores jurídicos; abogados, jueces, secretarios judiciales y demás agentes no tuvieron la más mínima oportunidad de exponer su parecer puesto que ni tan siquiera fueron consultados.

Se argumentó entonces que la recaudación de las tasas revertiría en la propia justicia, ya que se emplearía en sostener la institución de la Justicia Gratuita; es decir el acceso a los Tribunales de los más desfavorecidos.

Y llegado este punto, trascurrido ya un año y medio desde su implantación, nos preguntamos para qué han servido las famosas tasas judiciales, qué utilidad han podido tener. 

Contrariamente a lo propagado inicialmente desde el Gobierno y el Ministerio de Justicia para hacer callar las voces de los contrarios a las mismas, el dinero recaudado, 316 millones de euros en el 2013, no ha ido a parar a sufragar los gastos de la justicia gratuita. ¿Dónde están? Nadie quiere responder.

Su único fin, tal y como se temía, ha sido el recaudatorio. Su único efecto, como acertadamente  argumentaban  los agentes jurídicos, el disuasorio. 

Con la implantación de una tasa obligatoria para el acceso a los Tribunales no se está sino consagrando una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a un gran número de ciudadanos. Se ha establecido una barrera en el acceso a la justicia, penalizando a los más desfavorecidos económicamente. El acceso a la justicia, recogido en nuestra Constitución, debe ser universal, no condicionado a la situación económica del ciudadano. En definitiva se está vulnerando de manera continuada el principio constitucional de la tutela judicial efectiva.

Pero es que, además, las tasas son injustas en la medida en que se exigen al ciudadano de a pie, pero no a la administración. Que el ciudadano quiere recurrir en apelación una sentencia civil, que vaya preparando 800 euros. Si el recurso lo interpone la administración, ésta está exenta del pago de las tasas. Es sólo un ejemplo de lo desproporcionadas, injustas y arbitrarias que resultan.


Y esta sinrazón es el germen que ha motivado el hashtag #T en las redes sociales. Por eso, cuando veáis una foto de un abogado, un cartel, una pegatina con el distintivo #T, reflexionad unos segundos sobre lo injusto de las tasas judiciales y propagad a todo aquel que quiera oiros que EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA ES UN DERECHO FUNDAMENTAL Y UNIVERSAL Y NO PUEDE DEPENDER DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CIUDADANO.