No a las tasas judiciales.

Se cumple un año desde la aprobación de la Ley que establece las tasas judiciales.

Cuando se cumple un año de la aprobación de la Ley 10/2012 que establece las Tasas Judiciales, todos los sectores jurídicos, y entre ellos con especial fuerza la abogacía, reiteran su absoluta oposición a esta medida que lo único que pretende es tener un efecto meramente disuasorio y recaudatorio.

La implantación de las tasas judiciales ha supuesto una injusta barrera de acceso a la justicia, penalizando a los más desfavorecidos y vulnerables económicamente. Precisamente por ello, Francia las ha eliminado recientemente.

Si lo que se pretende es agilizar la administración de justicia, este objetivo no puede alcanzarse a costa de la implantación de barreras económicas, que soportan especialmente las clases más perjudicadas.

Además, el abono de las tasas judiciales supone de hecho un doble pago, uno que ya se ha efectuado en el momento de contribuir con nuestros impuestos y otro, al abonar las propias tasas.

Supone también un abuso e impunidad en la actuación de las administraciones públicas, que están exentas por ley del pago de las tasas.

El acceso a la justicia debe ser universal y no depender de la situación económica individual del justiciable. 


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